LOMLOE: Menos plurales,
menos libres, menos iguales.
Jesús Muñoz de Priego Alvear
Portavoz “Más Plurales”
Coordinador “enLibertad”
@JMunozdePriego
UNA MALA LEY, MÁS LEJOS QUE NUNCA DEL PACTO EDUCATIVO.
La LOMLOE va camino de convertirse, sin remedio, en la peor ley educativa de la democracia. Es una muy mala ley, y lo es en todo, sin excepción. Lo es por el momento elegido, por las formas utilizadas y también por el contenido, por la propuesta que ofrece… y por todo lo mucho, lo casi todo, que no ofrece.
Esta ley se ha tramitado en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica sanitaria. ¡Tal ha sido la urgencia del Ministerio!, que no podía esperar más. Y no es tanto por lo que creen que pueden aportar con su nueva ley, un refrito de la originaria LOE, sino sobre todo por ser fieles, dicen, a su compromiso de acabar con la LOMCE y con su pecado original: la falta de consenso ¡Manda narices!
Han olvidado, sin embargo, la segunda parte de su empeño, que era acabar con la LOMCE, por no consensuada, … a cambio de una ley fruto de un pacto por la educación. Aunque, como a este Gobierno, experto en posverdad, no le hacen falta, según parece, ni argumentos ni razones, ahora defienden que sí es consensuada, porque lo habían hablado previamente ¡con sus palmeros!, que, de forma obvia, han cumplido fielmente su cometido, deshaciéndose en palmas ante el proyecto.
La LOMLOE no es una ley de consenso porque el Gobierno no lo ha buscado, ni lo ha pretendido y, de hecho, ni siquiera ha posibilitado el diálogo, que tampoco consiste en hablar solo con los convencidos.
La imagen de esta ley es indudablemente la de una Cámara de los Diputados absolutamente dividida, con la mitad aplaudiendo, a su ombligo, mientras la otra mitad en pie profería gritos de libertad. ¡Ese es el consenso socialista!
Lo cierto es que se ha perdido una ocasión histórica de haber llegado a un Pacto de Estado por la Educación. Y ello porque todos los grupos del arco parlamentario habían reconocido en los últimos procesos electorales que, no solo la comunidad educativa, sino el conjunto de la sociedad, estaba reclamando un pacto de estado, una ley que dotara de estabilidad a un sistema educativo lastrado por las sucesivas leyes partidistas e ideológicas.
Por el contrario, con esta actuación, este Gobierno, inconsciente, no solo impide hoy llegar a un pacto de estado, que no ha querido, que no ha buscado, sino que impide que se alcance en un futuro. ¿Qué Gobierno próximo se verá obligado a buscar esa ley de consenso tras esta actuación? ¿Con qué legitimidad podrá pedir este Grupo Socialista, nunca más, el consenso?
Y ahí la tienen, otra ley más, y otra oportunidad menos. La primera ley educativa de nuestra democracia que ni contó con la comunidad educativa en la Comisión de Educación, y la que salió con la aprobación por la mínima del Dictamen en el Congreso. Nunca una ley educativa tuvo menos votos… ¡Ay el consenso!
El contenido de la ley tampoco genera ni una pizca de ilusión, ni esperanza, porque es una vuelta acrítica a la redacción original de la LOE socialista, catorce años después. De una ley que no fue lucida en su juventud, es difícil esperar que envejezca bien. En el debate de la hoy moribunda LOMCE, casi todos estaban de acuerdo en dos cosas: que había que cambiar la LOE, que era un desastre, y que la LOMCE no era una buena ley para hacerlo, por su falta de apoyos. Pues bien, esa LOE fracasada, la que nos llevó a los valores más bajos en los indicadores internacionales, es la que vuelve por sus fueros. Como si el hecho de que la subsiguiente sea mala, la hubiera convertido, como por ensalmo, a ella en buena.
Lo cierto es, mucho me temo, que esta ley no resuelve ninguno de los problemas de nuestra educación (fracaso escolar, abandono, escasa puntuación en indicadores internacionales sobre conocimientos de los alumnos, …), solo los esconde debajo de la alfombra. Por el contrario, reabre viejas heridas, vuelve a proponer los enfrentamientos ideológicos, la crispación, los chivos expiatorios… ese marco en el que tan bien se desenvuelve el socio Unidas Podemos y que este PSOE de Sánchez ha cogido, gustoso, como santo y seña de su hacer político.
EL ATAQUE A LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Pero lo peor de la ley, está en su ataque directo a la libertad de enseñanza. No hay sorpresas: a gobierno intervencionista, políticas intervencionistas y alergia a las libertades.
Hemos venido denunciando que el listado de agravios a la libertad de enseñanza es interminable, inabarcable.
Así, elimina la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. La demanda social en la regulación actual no es el único criterio que debe valorar la Administración para decidir dónde van las vacantes. Ni siquiera es el más importante. Es uno más, entre tantos otros. El Gobierno, con la desaparición de esta referencia, busca garantizarse una planificación unilateral y dirigista, en la que pueda decidir dónde fijar las plazas escolares, sin que le “estorben” las decisiones y las opciones de las familias. ¿Qué sabrán ellas?
Esto potenciará que algunas Administraciones educativas (las tradicionales del PSOE y las nuevas del gobierno en comandita de PSOE y Unidas Podemos, como Comunidad Valenciana, Aragón o La Rioja) intenten cerrar más unidades concertadas con demanda social en beneficio de unidades públicas sin ella. Y lo sabemos no porque sea una presunción, o porque nos abandonemos en brazos de profecías o artes adivinatorias, sino porque precisamente eso es lo que han venido haciendo en todos estos años.
Si con una ley que recogía expresamente que la demanda social limitaba la discrecionalidad de la Administración en la programación de plazas, ya han reducido conciertos con demanda, ¿qué cabe esperar cuando la ley elimine dicha referencia?
De hecho, han sido las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo las que han frenado esa práctica y devuelto los conciertos mayoritariamente. La LOMLOE lo que pretende es dar respaldo jurídico a esa actuación liberticida y salvar con ello el obstáculo de esta jurisprudencia. Otra cosa será si lo consiguen, porque aquí se están tocando libertades constitucionales, por la puerta de atrás.
A mayor abundamiento, además la ley prevé el incremento de nuevas unidades públicas a discreción, es decir, sin que tengan que existir necesidades de escolarización (falta de plazas en una zona o localidad) o demanda social (peticiones de familias). Eso supondrá el incremento innecesario de nuevas unidades públicas, y con ello el cierre de más unidades concertadas con demanda social, para llevar alumnos a esas nuevas aulas en centros de titularidad pública no solicitados por nadie.
Al quitar la demanda social, el Gobierno pretende que la concertada sea subsidiaria de la de titularidad pública, y que en determinadas Comunidades autónomas pueda quedar como testimonial, o incluso desaparecer. La ley lo posibilita. Lo deja en manos de las Administraciones educativas.
El concepto de demanda social no beneficia en sí a la concertada, ni perjudica en sí a la de titularidad pública, como algunos dicen para justificar esta fechoría, sino que beneficia a aquellos centros que son escogidos por las familias, sean los que sean, con independencia de quien sea su titular. Quienes defienden este argumento igual no son conscientes de que están reconociendo que las familias eligen la concertada, más de lo que están dispuestos a permitirles. Y eso no lo pueden tolerar.
La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”, frente al único reconocido y constitucional derecho a la educación. Este último supone el acceso universal a la enseñanza y se garantiza en cualquier plaza de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, también en los concertados. El Gobierno pretende engañarnos y hacernos creer que el derecho a la educación solo se garantiza en las plazas de los centros de su titularidad, y esto no es baladí, porque por ello su obligación, nos dicen, es garantizar exclusivamente plazas públicas suficientes para todos. Un nuevo argumento para el incremento de plazas públicas, incluso no pedidas ni necesarias, y de disminución de concertadas con demanda.
Esta nueva ley posterga, aún más, la asignatura de religión que, sin alternativas ni efectos en la evaluación, queda en la práctica al margen del sistema educativo.
Impone una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, que a priori no sería inadecuado, sino fuera porque lo proponen los mismos de la “educación para la ciudadanía”, cuestionada por su uso como instrumento de adoctri