El blindaje madrileño a la concertada, al distrito único o a la educación que separa por sexos colisiona con las principales medidas de la Lomloe del Gobierno
Los más de 3.000 centros educativos de la Comunidad de Madrid se van a convertir en la aldea gala de Astérix en versión escolar, una suerte de resistencia irreductible frente a las políticas educativas del Gobierno central. Esta región es, por ahora, la única que mantiene la educación que separa por sexos, el distrito único o el blindaje que protegía a la escuela concertada cuando gobernaba el PP. La ley que prepara la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desafía a la ministra Isabel Celaá y neutraliza sus principales medidas en un territorio donde estudian 1,2 millones de alumnos.
El borrador del anteproyecto de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid condensa toda la rebelión frente a Celaá. Según explican en la Consejería de Educación, se encuentra en fase de estudio de las alegaciones recibidas y a la espera de ser aprobado por el Consejo de Gobierno. La idea es remitirlo a la Asamblea regional para que esté listo antes de final de año.
Esta ley podría ser fuente de inspiración del resto de regiones gobernadas por el PP, dado que la influencia de Ayuso ha pasado ahora a ser determinante en el rumbo político de este partido, tras su victoria en las elecciones del 4-M. Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia aglutinan el 47% del alumnado. Si todas siguen el modelo Ayuso, la Lomloe quedaría prácticamente sin efecto en la mitad de la escuela española.
Estos son los puntos de la norma autonómica que chocan con la Ley Celaá:
CONCERTADA
La Lomloe quitó la «demanda social» que protegía a los centros concertados en los tribunales ante posibles cierres de unidades por la Administración autonómica. La Ley Ayuso recupera esa coraza al señalar que se «garantizará en cualquier caso la existencia de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas gratuitas por la ley, teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social». Es prácticamente el mismo redactado que había con la Lomce de José Ignacio Wert.
Por otro lado, permite «convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional», una posibilidad que la Lomloe ahora ha impedido, obstaculizando que se abran nuevos colegios.
Además, Madrid define la concertada como «complementaria» de la red pública. Y blinda durante 10 años la financiación a estos colegios, aunque eso se recoge en un decreto distinto, no en esta ley.
Sin embargo, hay tres condiciones para lograr el concierto que siguen la doctrina Celaá al pie de la letra. En primer lugar, los colegios tendrán que ser gratuitos y, por tanto, no podrán cobrar cuotas. En segundo, se exige asumir «activamente un compromiso social en orden a la prestación del servicio de interés público de la educación», una forma de decir que no se utilizarán los colegios para hacer negocio. En tercer lugar, se obliga a una «escolarización equitativa» del alumnado, lo que implica repartir a los niños inmigrantes o en desventaja socioeconómica de la misma forma que en la pública.
Fuentes de la concertada consideran que esta redacción, en la que ven la mano de Ciudadanos, les «marca demasiado», y confían en que se retoque para suavizarse a su favor, contando con que el partido naranja previsiblemente no estará en el Gobierno madrileño.
DISTRITO ÚNICO
La Ley Celaá apuesta por la escolarización de proximidad y lo considera un criterio prioritario frente a otros a la hora de la admisión. La Ley Ayuso aboga precisamente por lo contrario: que los alumnos puedan escoger cualquier colegio del municipio aunque vivan lejos. Es lo que llama el distrito único, enmarcado dentro de «la libertad de las familias para elegir sin que el lugar de residencia sea una limitación para el ejercicio de esa libertad».
DIFERENCIADA
La Lomloe acaba con las subvenciones a los colegios que separan por sexos. Es un punto de controversia claro con las regiones gobernadas por el PP, que defienden que este modelo tiene derecho a existir; entre otras cosas, porque está avalado por el Tribunal Constitucional. Madrid enuncia en su ley que «no se considera discriminación la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la enseñanza, aprobada por la Unesco el 14 de diciembre de 1960». Una fórmula calcada a la Lomce.
ESPECIAL
Ayuso coincide con Celaá en que «con carácter general se escolarizará en los centros ordinarios» a los estudiantes con discapacidad y en que «la escolarización en centros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando, por la gravedad, características o circunstancias del alumno, éste requiera apoyos o adaptaciones».
Pero difiere al considerar como «inclusiva» la educación especial (Celaá sólo ve inclusiva la ordinaria) y dar más poder de decisión a los padres que el que les otorga la norma estatal. Si la Lomloe declara que es la Administración la que decide a qué tipo de colegio va el alumno, tras ser «preceptivamente oídos e informados los padres», la Ley Ayuso incide en que esta decisión sólo podrá tomarse «previo acuerdo con la familia».
En la ley estatal los padres son escuchados pero la última decisión la tiene la comunidad autónoma. En la ley autonómica, nada puede hacerse sin la «autorización» de los progenitores.
CASTELLANO
La Ley Ayuso rescata la mención al castellano como lengua vehicular que suprimió la Lomloe, garantizando «el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano como lengua vehicular y oficial en España de tal forma que al finalizar la educación básica comprendan y se expresen oral y por escrito en esta lengua». En la comunidad educativa no entienden muy bien por qué hay que hablar de esto en Madrid, una región que no tiene problemas con el español y que, además, apuesta por dar mucha relevancia al inglés en su programa bilingüe.
En la Consejería responden que la ley «garantiza, cumpliendo con lo establecido en la Constitución, algo que no ha hecho la Lomloe, añadiendo que Madrid promoverá dentro del ejercicio de sus competencias este derecho mediante cualesquiera instrumentos de colaboración y coordinación con otras CCAA e instituciones públicas y privadas». Suena a guiño en clave nacional.
Por otro lado, la Ley Ayuso también contempla que Madrid haga sus propias evaluaciones externas, además de las coordinadas por el Estado previstas en la Lomloe. Estarán dirigidas a «mejorar la calidad, la equidad y la excelencia de la educación». Las señas de identidad de la escuela madrileña que quiere reivindicar Ayuso son la «excelencia», el «esfuerzo» y, sobre todo, la «libertad».
Madrid rechaza el ‘pin parental’
Isabel Díaz Ayuso no es partidaria del pin parental y no va a usar esta herramienta para vetar contenidos LGTBI en las escuelas como arma política contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
«Creemos que se trata de una medida que se entromete en la labor y la autoridad del profesor, así como con la autonomía de los centros educativos», valoran fuentes de la Consejería de Educación, que lidera Enrique Ossorio.
«Además, seguimos pensando que se trata de una polémica innecesaria, como demuestra que no se hayan registrado de manera oficial quejas sobre posible adoctrinamiento en las aulas de los centros educativos madrileños», añaden las mismas fuentes.
Por eso, tal y como viene recogido en la Ley Ayuso, el curso que viene los centros públicos y concertados harán lo mismo que éste: deberán anunciar, antes de iniciar el proceso de escolarización, tanto el proyecto educativo como las temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas. De esta manera, los padres pueden conocer esta información y tomar una decisión sobre la elección del centro que consideren más adecuado.
Las familias, una vez que se matriculen en el colegio elegido, tendrán que comprometerse al «respeto» de estas actividades y de las «normas de funcionamiento», de tal forma que no podrán escabullirse de estas charlas.
