Tras aprobar una ley exprés sin contar con la comunidad educativa, Educación tantea desde cómo organizar la Primaria hasta qué materias deben cursarse en las modalidades de Bachillerato
La Lomloe, más conocida como ‘ ley Celaá’ se aprobó el año pasado en la víspera de la Nochebuena. Un 23 de diciembre cerca de las nueve la noche la ministra de Educación, Isabel Celaá, abandonaba el Senado prácticamente vacío en su coche oficial tras haber salido adelante, sin enmiendas, su polémica ley educativa. Es la primera ley educativa de la democracia en la que no se cuenta con la comunidad educativa durante la tramitación parlamentaria.
Ahora, profesores, padres, alumnos y todo el que quiera podrá opinar tras la apertura a consulta pública de los cuatro proyectos de real decreto para establecer los aspectos básicos del currículo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. La consulta se abrió el pasado día 14 y se mantendrá hasta el próximo 28.
«A pie de obra»
Cabe aclarar que el trámite de consulta pública es de obligado cumplimiento antes de tener elaborados los textos legales. Aún así, a los expertos consultados por ABC les ha llamado la atención que para cada etapa hay disponible un formulario. «Si bien el trámite de consulta es un requisito legal en la tramitación de reglamentos, la forma en que se sustancia no es las más idónea, se realiza mediante un cuestionario con preguntas demasiado concretas y respuestas cerradas», señalan expertos en derecho administrativo.
Los formularios para cada etapa plantean preguntas con respuestas del tipo: «Sí», «no», «no sé» o «no contesto», otras son excesivamente técnicas, y han generado estupefacción a las fuentes consultadas por dejar en manos de la ciudadanía cuestiones que debería resolver el ministerio o ser respondidas por los que están «a pie de obra, que son los profesores». «Hay muchas personas que no están capacitadas para responder a preguntas tan técnicas; la estrategia es vender que ha participado mucha gente», critica Mario Gutiérrez, presidente de Educación del sindicato CSIF.
Para el currículo de Primaria se consulta, por ejemplo, si los resultados de la evaluación de la etapa se deberían expresar en términos «cuantitativos», «cualitativos», «no sé» o «no contesta». Por cualitativo, se puede entender el «aprobado», «suspenso», o incluso que se recuperen las fórmulas «progresa adecuadamente» o «necesita mejorar» que se implantaron en la Logse socialista de 1990. Su promotor, Álvaro Marchesi, es muy cercano a César Coll, profesor de Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona y quien está ahora al frente del diseño del nuevo currículo.
Para Primaria también se pregunta sobre la polémica asignatura de Valores Cívicos Éticos. Esta materia es para muchos similar a Educación para la Ciudadanía instaurada en la LOE y que generó rechazo por su configuración como obligatoria y el pronunciamiento jurisprudencial sobre la objeción de conciencia escolar. La Lomloe la añadirá en algún curso del tercer ciclo de Primaria pero el ministerio pregunta a la gente en cuál: si debe ofrecerse en «5º curso», «6º curso», «debe dejarse a criterio de la autoridad educativa de cada comunidad», «no sé» o «no contesto». En el formulario de ESO también se consulta en cuántos cursos debe impartirse.
En Secundaria también llama la atención una pregunta que parece contradecir las ideas del propio ministerio. La nueva ley establece que en 4º curso los estudiantes deben elegir tres materias de un conjunto propuestas por el Gobierno, previa consulta a las comunidades. Así, se le pregunta a la gente si dichas materias «deberían agruparse en distintas vías para facilitar la orientación del alumnado hacia estudios posteriores».
«Tomadura de pelo»
Lo paradójico es que hablan de «vías» pero recuerda mucho a los itinerarios de 4º de la ESO (materias agrupadas en función de si se quiere hacer después Bachillerato, FP…) de la Lomce del PP, y que son muy criticados por la ministra Celaá por «segregadores». Las preguntas más polémicas se encuentran en Bachillerato donde se pregunta, por ejemplo, «cuántas materias específicas de modalidad (Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología, etc.) deberían cursarse en cada uno de los cursos» o si Fundamentos del Arte debe o no ser obligatoria en 1º curso del Bachillerato de Artes.
«Esto es rebajar la política educativa a una discusión de café. Es una tomadura de pelo, anuncian un borrador de proyecto y ponen un cuestionario; no han hecho nada y quieren entretener al personal», critica Xavier Gisbert, exdirector general de Evaluación y Cooperación Territorial. Pone el ejemplo de la pregunta planteada en Infantil sobre las áreas de conocimiento («conocimientos de sí mismo, del entorno…») que esta etapa debería contemplar en su organización. «¿Cómo le pueden preguntar esto a un individuo? Debería ser para maestros de Infantil, ni siquiera de Secundaria que puede que no lo sepan», critica.
«Limpieza de imagen»
«Creemos que se trata de una operación de limpieza de imagen. Quieren vender la idea de que cuentan con la participación de la comunidad educativa, algo que deberían haber hecho antes de aprobar la Lomloe», señala a ABC el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. El también portavoz de la comunidad se pregunta: «¿Qué validez pueden tener unos resultados de una encuesta sobre la que no existe ningún control de acceso y cuyos resultados pueden ser manipulables? Es más, si los resultados fuesen muy diferentes a las intenciones del Gobierno, ¿Celaá adaptaría el desarrollo de los currículos a los resultados de las encuestas? Evidentemente, no».
El consejero agrega que «la elaboración de un real decreto para el desarrollo de los currículos no es un proceso asambleario. Es el Gobierno de España el que tenía que haberse puesto a trabajar en ello, puesto que una vez se aprueben los currículos, hay que adaptarlos a la normativa autonómica. Como siempre, el Ministerio va con retraso y luego exigirá a las comunidades toda la prisa del mundo para que entre en vigor el curso 2022/2023».
Para Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, estos formularios tienen dos puntos débiles: «Primero, que lo que se somete a consulta no es un proyecto de real decreto, sino que es una especie de ‘preanteproyecto’ muy general, de primera aproximación a la elaboración de lo que es un real decreto de enseñanzas mínimas. Y la segunda debilidad, es que la consulta es incidental, no es representativa estadísticamente del estado de opinión de los actores principales de la comunidad educativa».
Rupérez agrega que con esta iniciativa «se cubre el trámite formal de la consulta pero de forma defectuosa; nunca he conocido una iniciativa de estas características, tiene fallos de concepto y de procedimiento».
«Consulta de interés»
«Por supuesto, toda participación nos parece positiva. Pero no alcanzamos a comprender por qué no se contó con la comunidad educativa en la confección y tramitación de la Lomloe y ahora se realizan preguntas concretas sobre aspectos del nuevo currículo. Da la sensación de que el Ministerio no tiene claros las metas y objetivos de la reforma realizada, o que esta fase de participación abierta ahora no va a tener ningún efecto real. Preguntar si las evaluaciones deberían ser cuantitativas o cualitativas es cuanto menos, desconcertante», critica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, patronal de la concertada. Pero no todos cuestionan tanto la iniciativa. Para Jesús Manso, profesor de Política Educativa del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid, «hay que diferenciar entre lo que son consultas populares de las que incorporan a especialistas, es decir, profesorado, inspectores, miembros de equipos directivos…Ambos son de interés y me parece bien preguntar, pero a la gente, quizás, con un componente menos técnico y más sociológico».
Recuerda que el Ministerio ha anunciado que pondrá en marcha un foro de debate de cuatro sesiones sobre el nuevo currículo para el que se contará con 40 centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria de todas las comunidades. «Inician un proceso de participación que debe ser continuado y ampliado, nos falta una cultura de incorporación de docentes en el debate público sobre el diseño curricular», concluye Manso.
