La marea naranja se mueve

¡ Por el derecho a elegir la educación que queremos !

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Qué quiere la ley Celaá

10 formas de coartar la libertad

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1. La LOMLOE supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación
2. La LOMLOE pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Es decir, que la Administración ni siquiera debe valorar la elección de las familias, de todos nosotros, los ciudadanos, para establecer las vacantes.
La eliminación de la demanda social supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados.
3. La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados.
4. Vuelve a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta Ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad.
5. Se crea una nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. Otra “Educación para la ciudadanía” no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento.

6. La LOMLOE abre la puerta a la inclusión de un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros. Esta medida, además de innecesaria e injustificada, supone una interferencia en el ideario y proyecto educativo de los centros y la creación de un “comisario político”.
7. La LOMLOE insiste sospechosamente en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona. Intuimos nuevo ataque a las familias, que incluye el olvido de que el garante principal de los mismos son los padres mediante la institución de la patria potestad, no el Estado. Es inevitable que al ver esta insistencia en los derechos de la infancia, la pongamos en consonancia con la desafortunada reflexión de la Ministra Celaá, de que “los hijos no pertenecen a los padres”. Igual cabría preguntarle si en su opinión ¿pertenecen al Estado, tal vez?
8. Surge la posibilidad de distribución del alumnado por la administración para evitar segregación educativa. Hay quien opina que es una garantía de igualdad. ¿No es más igualdad que la familia elija el que crea el mejor centro para su hijo, en lugar de hacerlo la Administración?
9. La LOMLOE insiste, como las leyes anteriores, en la ausencia de autonomía de los centros. En realidad, hace hincapié en la desconfianza, la centralización, el intervencionismo, las injerencias... sin margen para los centros.
10. Junto a las declaraciones del Ministerio, parece que la LOMLOE cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial. Inclusión, Sí... Especial, también. Otro límite a la Libertad de Enseñanza.

Qué queremos nosotros

(Manifiesto)

Porque a todos -familias, centros, docentes y alumnos- nos une el mismo objetivo: un sistema educativo de calidad que contribuya a una sociedad mejor.

La reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática. Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos. La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos.

Por todo ello, gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros pedimos la protección y la continuidad de la pluralidad de nuestro sistema educativo actual, puesto que:

La escuela más adecuada.

La sociedad española es diversa y democrática. Fundamenta su convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita y universal. Esto sólo es posible si hay una diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en práctica.

Modelo plural, heterogéneo e inclusivo.

La enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos. La hostilidad que manifiesta la LOMLOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos.

Pública, concertada y privada.

Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada. No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.

Financiación adecuada de centros públicos y concertados.

El Estado tiene igualmente la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad al alcance de todos.

Control político: Agresión a la libertad de conciencia.

A través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.

Desaparición de centros de educación especial en contra de las familias.

La intrusión en la LOMLOE de un concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial.

Libertad de elección de centro.

La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos, y las evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos.

Mejoras reales para el personal de los centros.

Mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros. La LOMLOE abandona a los profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial.

La sociedad española es diversa y democrática. Fundamenta su convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita y universal. Esto sólo es posible si hay una diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en práctica.
La enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos. La hostilidad que manifiesta la LOMLOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos.
Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada. No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.
El Estado tiene igualmente la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad al alcance de todos.
A través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.
La intrusión en la LOMLOE de un concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial.
La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos, y las evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos.
Mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros. La LOMLOE abandona a los profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial.

Para la Ley Celaá

¡Únete y difunde!

Cuando la ministra Celaá afirmaba hace unos meses que los hijos no son de sus padres, sabía lo que decía. Anunciaba lo que estaba por venir. Si los hijos no son de los padres, ¿de quién son? La pregunta encuentra su respuesta en la LOMLOE o Ley Celaá.

Por primera vez en la historia de la democracia Celaá ha excluido a la comunidad educativa de la tramitación de la nueva Ley educativa. Y tiene sentido. Porque en ella no hay lugar para las familias. Será el Estado, y no tú, quien decida la educación que han de recibir tus hijos. Tampoco hay espacio para la enseñanza concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni para la asignatura de religión, que vuelve ser postergada. Ni, por supuesto, para la educación especial, la cual, pese al clamor de los padres afectados, también desaparecerá.

La Ley Celaá supone, en definitiva, la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual.

Sin embargo, aún estamos a tiempo. No permitas que el Estado decida por ti. Defiende junto a nosotros una escuela inclusiva con todos y para todos. Una escuela plural y democrática en la que podamos ser más iguales, más plurales, más libres.

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